19 abr. 2017

Amigos de los Decreta: 22 de Abril.

Alfonso VIII de León. Monumento a las Cortes Leonesas.

CONVOCATORIA de "Amigos de los Decreta" para un acto cívico cultural, el día 22 de abril, en San Isidoro de León, a las 12:00 h
Un día de esta semana de abril el rey Alfonso VIII de León, al que los historiadores oficiales llaman indebidamente noveno, reunió en asamblea a nobles, clero y, por primera vez en la historia, al pueblo llano.

 En aquella asamblea nació un compromiso que obligaba a todas las partes, empezando por el rey mismo.
 Ese compromiso son los llamados Decreta de 1188, reconocidos por la UNESCO como el embrión de la democracia representativa, la que da lugar a los parlamentos modernos.

 Se trata, pues, de un hito en la historia universal.
 Hay ya en los Decreta una sensibilidad que apunta a la universalidad de los derechos humanos; hay también una casuística que atiende con sentido práctico y gran equidad a las circunstancias del momento y del lugar.

 Si trajéramos a día de hoy alguna de aquellas cláusulas, no podrían embargarnos las cuentas bancarias para el cobro de una multa, como se hace ahora, sin haber sido previamente oídos y, en su caso, condenados, por un juez.

 Los Decreta de 1188 son acaso uno de los mayores legados que el viejo Reino de León ha dejado a España y al mundo. Un legado que, reiteradamente oscurecido desde los estamentos oficiales, es necesario seguir reivindicando con la mayor firmeza desde la sociedad civil leonesa.

 A este propósito un grupo de ciudadanos se reunirá en la plaza de San Isidoro el próximo sábado día 22 de abril a las doce horas para leer en voz alta los mencionados Decreta. ¿Nos acompañas?
 "Texto redactado por Juan Pedro Aparicio y José María Merino  convocando al acto"  
El Martes 18 de abril de 2017

Texto integro de los "DECRETA"
DECRETA DE 1188 

PRIMERO.- En el nombre de Dios, yo don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado curia en León, con el arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino, y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que respetaría las buenas costumbres que tienen todos los de mi reino, tanto clérigos como seglares, implantadas por mis antecesores.  

SEGUNDO.- Dispuse y juré que si alguien hiciera o presentara ante mí acusación o denuncia de alguno, sin tardanza daré a conocer al acusado lo que manifiesta el acusador; y si este no pudiere probar la acusación o denuncia que hizo, sufrirá la pena que debiera sufrir el acusado, siempre que la falsedad de tal acusación se hubiese puesto de manifiesto. 

TERCERO.- Juré también que, por la acusación que se me haga de alguien o por lo malo que se diga de él, nunca le causaré daño en su persona o bienes, hasta citarlo por documento formal para que responda ante la justicia en la forma que mi curia disponga; y si la acusación no se probare, el que la hizo sufrirá  la pena correspondiente y pagará, además, los gastos de viaje que por ello haya tenido que hacer el acusado. 

CUARTO.- Prometí asimismo que no haré guerra,  ni paz,  ni pacto,  a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo regirme. 

QUINTO.- Dispuse también que nadie de mi reino destruirá la casa ajena, ni ocupará y vendimiará las viñas  ni talará los árboles de otro, y quien  reciba tal agravio de alguien, que presente la queja ante mí,  o ante el correspondiente señor de la tierra,  o ante  las autoridades judiciales nombradas por mí o por el obispo o por el señor de la tierra. 
 Y si el que es objeto de querella  quisiera presentar fiador o dar prendas en garantía de que actuará según el derecho conforme a su fuero, no sufrirá daño alguno; mas  si no quisiere hacerlo, el señor de la tierra y la autoridad judicial  le obligarán, como es justo; y si el señor de la tierra o la autoridad judicial no quisieren hacerlo, presénteseme denuncia con el testimonio del obispo y de los hombres buenos, y yo haré justicia. 

SEXTO.- Prohíbo también firmemente  que en mi reino se lleven a cabo reuniones tumultuarias y violentas para pedir, porque la justicia ante mí debe demandarse conforme se ha expuesto  más arriba. Y quien llevare a cabo reuniones de tal carácter, será castigado con el pago del doble del daño que  haya causado, y perderá  mi benevolencia y  beneficio, así como las  tierras,  si de mi parte poseyera alguna. 

SÉPTIMO.-  Dispuse también que nadie debe atreverse a ocupar violentamente lo que estuviere en posesión de otro,  ya sea mueble o inmueble. Y si esto hiciere, restituirá  el doble al que sufrió tal violencia. 

OCTAVO.- Dispuse también que nadie podrá tomar en prenda  libremente algo como garantía  de una deuda o como restitución de un  daño recibido,   a no ser por medio de las autoridades judiciales o los alcaldes por mi nombrados; y ellos y los señores de la tierra deben hacer cumplir fielmente este derecho en las ciudades y en los alfoces a quienes lo soliciten. Y si alguien tomara algo en prenda de tal forma, debe ser castigado como violento invasor.  
*** Será  castigado del mismo modo quien tomare en prenda, sin intervención de las autoridades judiciales  y de los alcaldes,  vacas o bueyes destinados a la labranza, o lo que el labrador tuviese consigo en el campo, o a la propia  persona del labrador.  Y si alguien se apoderase de las cosas como queda dicho, será castigado y además excomulgado.  
*** Y quien, para evitar dicha pena,  negare haber actuado con violencia, deberá presentar fiador de acuerdo con el fuero y las antiguas costumbres de su tierra; se indagará  de inmediato si cometió violencia o no, y según los resultados de la investigación,  quedará obligado a satisfacer, si procede, con la fianza dada.  
*** Los investigadores deben serlo por consentimiento acordado del acusador y de su acusado, mas si estos no llegasen a un acuerdo,  serán nombrados por los señores de la tierra. Y si pusieran para hacer la pesquisa,  por consentimiento de los hombres citados,  a las autoridades judiciales  y a los alcaldes o a los señores de la tierra, los tales deben tener sellos reales, por medio de los cuales citarán  a los hombres para que acudan a responder a las demandas de sus querellantes, y por medio de tales sellos me darán  testimonio a mí de si las quejas de los hombres son verdaderas o no. 

NOVENO.- Decreté también que, si alguna de las autoridades judiciales  denegase justicia al querellante o la demorase maliciosamente y no le reconociera su derecho dentro del tercer día, el demandante presentará testigos ante tales autoridades,  por cuyo testimonio conste la verdad del hecho y se obligue  a tales autoridades a pagar al querellante el doble, tanto de su demanda cuanto de las costas.  
*** Y si todas las autoridades judiciales  de aquella tierra negaren la justicia al demandante, este tomará testigos entre hombres buenos,  por los cuales se demuestre y se den prendas sin responsabilidad en lugar de las autoridades judiciales  y  de los alcaldes, tanto por la demanda cuanto por las costas, para que tales autoridades judiciales y alcaldes le satisfagan el doble, y paguen también doblado  el daño que pudiera haber resultado. 

DÉCIMO.- Añadí que nadie  impugnará a las autoridades judiciales  ni les arrebatará las prendas garantía de deuda o  restitución de daño,  cuando no quisiere cumplir con la justicia; y si tal cosa hiciere, estará obligado a devolver el doble del daño, de la demanda y de las costas, y además pagará a las autoridades judiciales  60 sueldos.  
***  Y si alguna de tales autoridades requiriera a sus subordinados para hacer justicia y estos se negasen a ayudarlo, serán castigados con la pena antedicha y además pagarán  al señor de la tierra y a las autoridades judiciales  100  maravedíes; y si el reo o deudor no quisiera disponer de medios para pagar al demandante, las autoridades judiciales  y los alcaldes se incautarán sin responsabilidad de su persona y de cuantos bienes tuviera, y lo entregarán con todos sus bienes al demandante; y si les fuese necesario, lo custodiarán bajo su protección, y si alguno lo arrebatase por la fuerza, será  castigado como invasor violento.  
*** Y si alguna de las autoridades judiciales sufriera daño por ejercer la justicia, en el caso de que el causante no tuviera con qué pagarle, todos los hombres de aquella tierra le reintegrarán  lo preciso  por el daño causado; y si sucediese que por añadidura alguien matase a la autoridad judicial, será tenido por traidor y alevoso. 

DECIMOPRIMERO.- Dispuse también que, si alguno fuese citado por el sello de las autoridades judiciales  y se negare a presentarse ante ellas para su  dictamen, probado que fuera esto por hombres buenos, será multado con 60 sueldos. Y si alguno fuera acusado de robo o de otro hecho ilícito y el acusador lo citase ante hombres buenos a fin de que se presente a responder ante la justicia, y se negase a venir en un plazo de nueve días, una vez se pruebe que ha sido citado, será  considerado malhechor. 
*** Y si fuera noble, perderá  el rango de los 500 sueldos,  y el que lo prendiere hará justicia de él sin responsabilidad alguna; mas  en el caso de que el noble se enmendase y satisficiera a todos los demandados, recuperará su nobleza y volverá  a poseer el rango de los 500 sueldos que tenía. 

DECIMOSEGUNDO.-  Juré también que nadie, ni siquiera  mi autoridad,  podrá entrar por la fuerza en casa de otro ni hacerle daño en ella o en sus bienes; y si así ocurriese,  se pagará  al dueño de la casa el doble del  valor de lo dañado,  y además al señor de la tierra nueve veces el daño causado, si no se prometiera cumplir aquella satisfacción. 
*** Y si acaso el dueño, o a la dueña,  o alguien de los que les ayudaren a defender su casa matase a alguno de los agresores, no serán  castigados como homicidas ni estarán obligados a responder del daño causado. 

DECIMOTERCERO.- Y establecí que si alguno quisiere ajustar un agravio  directamente con alguna persona y el agraviado no lo aceptase, no podrá hacerle daño alguno,  y si lo hiciera, pagará  el doble, y si además lo matare, será declarado alevoso. 

DECIMOCUARTO.-  Dispuse también que si alguien se moviese de una ciudad a otra,  o de una villa a otra,  o de una tierra a otra,  y alguno con sello real viniere de las autoridades judiciales de una parte a las de la otra para que lo detengan, no deben dudar en detenerlo  y hacer con él justicia sin dilación. Y si tales autoridades judiciales no hicieren tal cosa, deberán ser castigadas con  la pena que debiera merecer el malhechor. 

DECIMOQUINTO.- Prohibo además que nadie que posea bienes por los que me paga foro,  los entregue a ningún establecimiento eclesiástico. 

DECIMOSEXTO.- Ordené también que nadie acuda a juicio, tanto  a mi curia como a la jurisdicción de León,  a no ser por las causas que determinen  sus propios fueros. 

DECIMOSÉPTIMO.-  Todos los obispos, los caballeros y los ciudadanos,  confirmaron con juramento ser fieles en mi consejo, a fin de mantener la justicia y conservar la paz en mi reino. 


Versión de José M.ª FERNÁNDEZ CATÓN (La curia regia de León de 1188 y sus “Decreta” y constitución. León: Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro” – Archivo Histórico Diocesano, 1993; pp. 93-117) realizada a partir del texto latino fijado del contraste de las versiones contenidas en las copias del siglo XVI de los códices de la Biblioteca Nacional de España, Mss. 12909, fols. 307v-310v; Mss. 772, fols. 305r-308r; y Biblioteca capitular de Sevilla, Sign 56-2-20, fols. 189v-192r 

La Subdirección General de los Archivos Estatales de la Secretaría de Estado de Cultura en Madrid, el  2 de Julio 2013, hizo sobre ella una versión del documento. 

La presente es una fiel actualización. 

Juan Pedro Aparicio y José María Merino 
León, 22 de abril de 2017

"Amigos de los Decreta" 

Más información en Ileón:

"De forma espontánea, numerosos intelectuales leoneses han promovido un acto público en la histórica plaza de San Isidoro de León, el próximo sábado día 22, a las 12.00 horas, para recordar un hito en la historia de León y de la humanidad: el origen del parlamentarismo moderno"

El encuentro conmemorativo convocado para este sábado se celebrará ante la basílica de San Isidoro, monumento emblemático del arte Románico español y edificio íntimamente ligado a la monarquía leonesa, en cuyo claustro se celebraron las primeras Cortes con participación del pueblo.

Pendones llegados de numerosos puntos se congregarán en este lugar, en el que está prevista la lectura de los "Decreta".

 La misma será iniciada por el escritor Juan Pedro Aparicio, quien en 2010 fue comisario de la Conmemoración 1100 Aniversario del reino de León, y por el filósofo Rogelio Blanco, quien durante su estancia en el Ministerio de Cultura de España fue impulsor de la inclusión de los "Decreta" en la Memoria del Mundo.

 Leerá luego el académico José María Merino, al que seguirán otros escritores e intelectuales leoneses, hasta completar la lectura del texto de los "Decreta" de Alfonso VIII (1188), en el que este rey de León y de Galicia, da cuenta de la celebración de la Curia en León, con el arzobispo, los obispos, los magnates del reino y los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, y que estableció un código de derechos y garantías encaminados a ordenar la Justicia y Convivencia en todo el Reino.
Sábado día 22
A las 12.00 horas
Plaza de San Isidoro
Leonés del Siglo XII
(Plaza de las Cortes Leonesas)

"El conjunto de documentos que certifican que el parlamentarismo tuvo su germen en León se ha convertido en ‘Memoria de la Humanidad’ gracias a la certificación obtenida por la UNESCO y otorgada desde Corea del Sur.
La candidatura certifica que fue en San Isidoro donde por primera vez se dio participación al pueblo dando origen al parlamentarismo que hoy se conoce.
Así los ‘Decreta de León de 1188’ son para la Unesco ‘Memoria de la Humanidad’, una calificación privilegiada.
 Los ‘World Memory’,  catálogo del que ya forman parte el Tratado de Tordesillas o las Capitulaciones de Santa Fe, tienen ahora presencia leonesa, raíz de la democracia en base al parlamentarismo.
Los ‘Decreta’ son una pieza singular de preservación al reconocerse como "un elemento justificativo de un hecho relevante para la Humanidad”.
La candidatura leonesa se había documentado con material procedente del Archivo Histórico Nacional, La Real Academia de la Historia y de los catedralicios de Sevilla, Lugo y Orense.
A esa documentación se sumaron informes de historiadores anglosajones y australianos que avalan el planteamiento que ha llevado a su reconocimiento. No parecía objetivo fácil pero se ha conseguido.




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